Armas y política: una guerra cínica

13 11 2008

No estaba oculto entre los cajones de la mesa de la ministra de Defensa, Carme Chacón. Tampoco se encontraba almacenado en los anaqueles del Centro Nacional de Inteligencia. El Libro Azul sobre las futuras exportaciones de armamento descansaba tranquilamente en la estantería número trece de la segunda planta de una biblioteca pública. Si alguien se hubiera molestado en indagarlo, la calle Génova habría estado en silencio el mes antes de que el PP abandonase el poder. También ahora a Ferraz dejarían de llegar cientos de cartas, algunas más acertadas que otras, que suplican algo incoherente en los tiempos que corren: el cese de intercambio de armamento desde España a países donde las muertes, las amputaciones y las violaciones determinan la orden del día.

   Este último ejemplar de Cuadernos de Estrategia del Ministerio de Defensa Español es el único que testifica sin tapujos que el gasto ingente y descomedido en militarización se está realizando en detrimento de la inversión pública en salud, educación o en la lucha contra la pobreza. Sus hojas también muestran un ejercicio político deficitario y con graves carencias en valores éticos. Su conclusión, entre líneas, deja el amargo sabor de un país que todavía se deja vencer por los intereses comerciales a costa de los derechos humanos. Y es que este libro goza de un amplio repertorio que no deja atrás las ventas de armamento en los países en conflicto, las transferencias de armas a países intermediarios y los negocios de materiales como munición corta, bombas de racimo y minas antipersona; en definitiva, todo lo que se había prometido en 2006.

   También desvela un curioso dato. Pese a los avances que se asomaban en el Proyecto de Ley Sobre el control del Comercio Exterior de material de Defensa y Doble Uso de 2006, Oriente Medio, Georgia, Somalia y Sudán aparecen en el dossier del Ministerio de Defensa como países en los que España, junto con otras potencias europeas, intervendrá en operaciones militares en los próximos años. Lugares en los que muchos de sus habitantes viven en una situación de extrema pobreza y donde el Código Ético de Conducta, impuesto por la Unión Europea, nunca permitiría obrar. Mientras unos luchan por acabar con este ambiguo e injusto intercambio de armas, otros ya tienen planes para realizar operaciones militares e intercambios de armamento hasta 2010.

   El multimillonario negocio de las armas ha experimentado un giro espectacular en esta última década. Durante la mayor parte del siglo XX, las empresas de armamento se habían dedicado a abastecer a las naciones de origen y a fabricar los productos para proveer al país en cuestión, sin plantearse jamás la idea de exportar. No obstante, en los años cincuenta, la mayoría de las transferencias internacionales de armas consistían en la venta o en la donación hacia países aliados estratégicamente dispuestos en la política de bloques. Las necesidades militares de la Guerra Fría hicieron posible un ascenso en la venta de armamento, ampliando así las líneas de producción local y reduciendo el coste unitario de las armas para los gobiernos de acogida. De esta manera, los artefactos pasaron a fabricarse para surtir a otras potencias y, especializándose en su producción, las armas llegaron a ser un producto mucho más asequible.

   Esta afirmación la corrobora el último informe del Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), un exhaustivo balance del negocio armamentístico de 2006 (último año con resultados oficiales). Éste afirma que el gasto militar global alcanzó los 1.118.000 millones de euros, lo correspondiente al 2,5% del PIB mundial o, lo que es lo mismo, un promedio de unos 170 euros per cápita. También representa en términos reales un incremento en exportaciones de casi el 3,5% desde 2004, y un 34% a lo largo del decenio 1996–2006.

   Para que las empresas de armas puedan seguir desarrollándose, los estados tienen que optar por un mercado donde satisfacer sus necesidades de venta y donde el dinero y el conflicto estén presentes. Este paraíso se encuentra con facilidad en Oriente Medio, Asia y el Sureste Asiático; países ricos en petróleo. Los fabricantes de armas tienen una estrecha relación con los estados y países a los que surten. Sus productos son bienes nacionales y sus compradores y destinatarios son, en muchos casos, los gobiernos, que las utilizan a su antojo.

   Desde los años 90 se han registrado 120 conflictos armados que han causado más de cuatro millones de muertos y un gran número de refugiados y desplazados. En la actualidad, casi una de cada 180 personas se encuentra desarraigada en tierra extraña, amenazada de muerte y sin medios de vida. La supervivencia inmediata del ser humano en las guerras depende de la ayuda humanitaria que se reciba, pero esto no debe hacerse simplemente con una acción a corto plazo, sino que deberá definirse como una gran implicación política y social por parte de todos los gobiernos y los ciudadanos. El SIPRI señala que, en los últimos diez años, España se ha situado entre el 8º y 18º lugar en el ranking de exportadores de armamento. Por factores como la situación geográfica o la tradición, los países a los que exporta son Turquía, Marruecos y Tailandia.

   El 24 de enero de 1995, Amnistía Internacional, Médicos sin Fronteras, Greenpeace e Intermón Oxfam entraron por primera vez en el Congreso de los Diputados y se reunieron con los grupos parlamentarios para debatir una ley que hasta entonces no existía y que iba a penalizar el comercio de armas, sobre todo en países donde se violan los derechos humanos.

   Casi al año de iniciarse la campaña, en noviembre de 1995, el grupo socialista (PSOE), que por aquel entonces se encontraba en el poder, empezó a escuchar las propuestas de las organizaciones. Fue entonces cuando apareció un primer y pequeño logro: el Informe sobre las exportaciones españolas de material de defensa en el período 1991-1994. En él aparecía una referencia a los tipos de productos y a las regiones de destino de las armas que se importaban. Esa muestra de datos era un avance prometedor en la lucha contra el negocio de armamento. Sin embargo, el informe no mostraba en detalle las exportaciones que se llevaban a cabo, lo que imposibilitaba la correcta evaluación del impacto de estos paquetes. A muchos de los que reivindicaban la transparencia de esta ley, esto les parecía una “estafa”, y así lo declararían en el siguiente artículo publicado a finales de año en el diario El País: “El informe no aporta ningún dato significativo sobre la exportación española de armamentos, y ni tan siquiera señala los países de destino de dichas exportaciones, que es una información básica y mínima. […] Nuestra petición de transparencia, en definitiva, incluye el cruce de los datos sobre productos y países de destino, la difusión de estos datos con una temporalidad trimestral, y un mayor detalle de los productos exportados, incluida la cantidad. Lamentablemente, no hemos obtenido respuesta a ninguna de estas demandas” (El País; Carta al Secretario de Comercio Exterior, a 30 de noviembre de 1995). Estas ONGD (Organización No Gubernamental para el Desarrollo), sumergidas en un sentimiento pesimista, veían como más de diez años después, el comercio de armamento permanecía sumido en un tenebroso oscurantismo.

   La primera respuesta coherente a las demandas de los grupos humanitarios vino de Cataluña. Concretamente de manos del diputado Joan Saura, de IU-IC, que se comprometió a acoger en su campaña todos los puntos planteados por las ONGD. Como respuesta a este período electoral, el PSOE también se aseguró de incrementar la transparencia y el control parlamentario sobre la exportación de armamentos, garantizando así el cumplimento estricto de la legislación existente en Europa.

Por otro lado, el programa del PP no acogió ni una palabra sobre la venta de armamentos, mientras que IU se refirió al control del comercio de armas, especialmente con países que no respetaran los derechos humanos y en zonas de conflicto. En cuanto a CIU, su programa señalaba que se daría una mayor transparencia en la venta de armas mediante control parlamentario y las publicaciones periódicas, una apuesta muy atractiva.

   El cambio de Gobierno, con la llegada del PP al poder en marzo de 1996, hizo que la presión de las ONGD tuviera que comenzar de nuevo para que sus súplicas se escuchasen. Algunos parlamentarios se mostraron más receptivos y la campaña de sensibilización, con nuevas esperanzas, se volvió a poner en marcha. El avance más importante en materia armamentista en el país volvió a venir de la mano de IU. El 3 de marzo de 1998, la Mesa del Congreso de los Diputados admitió a trámite la Proposición de Ley reguladora del Comercio Exterior de material de Defensa y de Doble uso, que fue presentada por este grupo. Pese al esfuerzo, la proposición careció de suficiente apoyo parlamentario.

El 29 de diciembre de 2006, el Consejo de Ministros aprobó definitivamente aquel Proyecto de Ley Sobre el control del Comercio Exterior de material de Defensa y Doble Uso, algo que muchos pedían ya en 1993. Esto supuso un paso importante en la trayectoria española y marcó el camino de progresivos avances hacia una mayor transparencia y control de las armas. Pero no por mucho tiempo.

   España tiene la oportunidad de elaborar la mejor Ley de Comercio de Armas de Europa y, tal vez, del mundo. Entonces, ¿Por qué habría de conformarse con una ley de mínimos? Elevar al país a la vanguardia del control del comercio de armamento sería coherente con los postulados de la política exterior del Gobierno, con las demandas de la seguridad global y con las expectativas de cientos de miles de ciudadanos. Durante los últimos años, se ha puesto de manifiesto que, en España, las distintas fuerzas políticas y los medios de comunicación han comprendido la relevancia y las implicaciones de la falta de control del comercio internacional de armas. Así, nuestro país ha sido uno de los más comprometidos con la iniciativa internacional a favor de un Tratado Internacional de Comercio de Armas, que cuenta con el apoyo en todo el mundo.

   Mabel González Bustelo, coordinadora del Proyecto de Desarme de Greenpeace, destaca el modelo del Reino Unido. “Este país actualiza cada tres meses la información sobre las licencias concedidas y la publica en Internet, todo un avance en transparencia”, revela. No obstante, por ahora, ninguna ley ha cubierto las expectativas demandadas por los grupos humanitarios, ya que todas permiten que el ciclo de la venta de armamento y sus viciadas consecuencias no se cierre. El círculo es el siguiente: primero, con el visto bueno de los gobiernos, se exporta el armamento y, después, se envía a los humanitarios y a las ONGD para que ayuden a las víctimas de las guerras que las armas han fomentado; todo ello en el mismo lugar. Este continuo es el responsable de que los gobiernos se laven las manos y deleguen la ayuda necesaria tan sólo en la caridad, un triste modelo de actuación que repercute en los países más pobres.

   El momento actual es decisivo en la lucha contra el negocio de las armas. En diciembre de 2006, en España se aprobó un Proyecto de Ley para regular el comercio de armamentístico. Estas mejoras se tratan de un paso importante que obedece a una antigua reivindicación social. Pero, para que la ley signifique más control y más transparencia en las exportaciones españolas, es imprescindible incorporar nuevos mecanismos de control parlamentario. Estos se focalizarían en las actividades de los países intermediarios, la presentación de documentos de control junto con la solicitud de licencia de exportación y las mejoras en el detalle y puntualidad de la información; unas cuestiones que, en la actualidad, permanecen ancladas.

   La lucha contra el comercio armamentístico debe ser constante y coherente. Intentar erradicarlo de raíz sería, cuanto menos, utópico. Es muy lícito buscar objetivos concretos que amparen la transparencia informativa y correspondan a una forma de pensar ética. Ahora sólo hay que alejarse lo máximo posible de la demagogia y la ambición económica, un refugio para que unos pocos perpetúen su posición de dominio y otros muchos sufran las miserias y las mezquindades de una política que, por ambición, ha perdido el norte; o, mejor dicho, el Sur.

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